Informe CEPA: Incomparabilidad y subestimación: el IPC en tiempos de Todesca

Desde la asunción de Cambiemos, el Gobierno puso especial ahínco en la política
oficial respecto al índice de precios. Podemos decir que esta política se sustentó en dos
ejes centrales.
Por un lado, la imposibilidad de sostener una serie uniforme que permita la
comparabilidad de la información. En los últimos 10 años hubo 5 cambios de
metodología en el índice de precios al consumidor, de los cuales 3 se realizaron en los
primeros dos años de la administración de Jorge Todesca. Además, en el 2019, según
la información que se brinda en INDEC, está previsto un nuevo cambio. La
implementación repetida de cambios metodológicos en poco tiempo genera
discontinuidad en la serie, poniendo a disposición información incomparable entre sí.
Por otro lado, ya que un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta
representativa de consumo, la subestimación del peso de los servicios sobre tal
canasta desnaturaliza la función del indicador. Las canastas de consumo (qué cosas
consumen los argentinos y en qué proporciones) se determinan a partir de Encuestas
de Gastos que se realizan periódicamente cada aproximadamente 10 años. Es
importante realizar estas actualizaciones para introducir las novedades que vayan
surgiendo en los hábitos de consumo. El problema actual reside en el cambio profundo
de política de Cambiemos en materia de servicios, y los efectos de la quita de
retenciones y desmantelamiento de la secretaria de comercio tuvieron en relación al
precio de los alimentos. El efecto que los cambios bruscos de precios relativos pueden
tener sobre la estructura de consumo de los hogares dificulta la representatividad de
cualquier encuesta, ya que en solo dos años el peso de los servicios y alimentos sobre
el total de gastos aumentó sensiblemente.
Si bien existe una tensión entre la estabilidad y la representatividad de un índice de
precios, la administración de Todesca aplicó numerosos cambios que afectan la
estabilidad y a pesar de esto el resultado obtenido es muy poco satisfactorio respecto
de la representatividad.
Excesivos cambios en el IPC oficial
En 2007 se comienza a publicar el índice de precios basado en la encuesta de gastos
2004-2005. Apenas unos meses más tarde comienzan las críticas sobre la veracidad los
datos de inflación.
En 2014, en la gestión de Kicillof y en acuerdo con el FMI, se comienza a publicar un
nuevo IPC (IPC-Nacional Urbano o IPC-Nu) basado en la encuesta de gastos de 2012-
2013 (la última vigente hasta hoy). Al principio, sectores de la oposición y medios
afines, reivindicaron el índice, ya que los guarismos arrojaban resultados en sintonía
con lo esperado por la “opinión pública” y las mediciones no oficiales. Pero no fue
suficiente. Sólo unos meses más tarde, nuevamente dichos sectores retomaron sus
críticas al IPC-Nu.
Desde diciembre de 2015, la nueva administración del INDEC decretó la “emergencia
estadística” (estrictamente un “apagón estadístico”) y dejó de publicar el IPC-Nu. Los
índices oficiales pasaron a ser el IPC-CABA y el IPC-San Luis. A pesar de lo escasamente
representativo del mismo (¿resulta ilustrativa de la variación de precios nacional, la
mitad de la variación de precios de San Luis y del consumo de la provincia más la mitad
de la variación de precios de CABA y del consumo de la Ciudad?) el Gobierno utilizó
este indicador durante algunos meses.
Ya en abril de 2016, se publica un nuevo índice de precios. A pesar de que la crítica a
los IPC anteriores se centraba en los relevamientos de precios, y no sobre las
estructuras de las canastas de consumo, se descarta utilizar la encuesta de gastos de
2012-2013. La justificación resulta muy pobre: habría muchos datos perdidos y falta de
documentación adecuada. La decisión fue insólita: volver a utilizar la encuesta de
gastos del año 2005. Como consecuencia el índice de precios calculado utilizó una
estructura de consumo que tiene más de 10 años y no se ajusta a la actualidad
actual. Paralelamente se implementó un feroz ajuste de tarifas, pero como en la
estructura de consumos del año 2005 el gasto de gas y electricidad tenía un peso
despreciable, el impacto sobre el IPC resultó realmente escaso (sólo 8% del gasto está
destinado a vivienda y tarifas). El consumo deprimido, derivado de la crisis económica
con hogares que no contaban, en ese momento, con una significativa cantidad de
electrodomésticos que fueron incorporando a lo largo de los últimos 10 años, gracias a
la mejora de la distribución del ingreso, y que generó asimismo un sensible aumento
del consumo energético, sumado al subsidio de los servicios, que disminuyeron el peso
del gasto en ese rubro en la canasta de consumo, hicieron que era encuesta poco
tenga que ver con la realidad de la Argentina de hoy. El efecto de los subsidios en los
servicios fue incrementando su peso relativo, por lo que esa misma cuestión invalida,
aún más, la utilización de la encuesta de gasto de 2012/2013 (en servicios, no así en
alimentos).
En definitiva, mediante la Emergencia Estadística y el artilugio de recuperar una
estructura de gastos anacrónica, el INDEC obvió medir los saltos de precios más
grandes del macrismo: la devaluación y quita de retenciones de principios de 2016,
que generaron una importante suba de precios de alimentos y, por otro lado, los
tarifazos de gas, luz y agua (a los que hoy se suma el transporte).
Finalmente, aunque se preveía cambiar el cálculo del IPC en 2019, en Junio de 2017 se
establece un nuevo índice oficial de cobertura nacional, y continúa usando la vieja
encuesta de 2005. Aunque esta nueva medición amplía la cobertura (anteriormente se
limitaba sólo al área de CABA y AMA (GBA)), el INDEC continúa publicando el IPC GBA,
además de otros IPC regionales. Sin embargo, un análisis profundo de la estructura del
IPC GBA y del IPC anterior muestra que las canastas en la misma área geográfica
tampoco son equivalentes, lo cual no solo se presta a confusión, sino que afecta la
comparabilidad.
Ponderadores no representativos
Como se mencionó, el cambio tan profundo y acelerado respecto de la política de
subsidios y en relación a los acuerdos de precios de alimentos, sumado a la quita de
retenciones y la devaluación, invalidan cualquier encuesta de gastos previa que
arrojara ponderadores para cálculo de IPC, ya sea la de 2005 como la de 2012-2013.
Se puede observar que los ponderadores del gasto resultan muy poco realistas. El
rubro vivienda y servicios básicos (que incluye el alquiler, las expensas y las tarifas de
gas, electricidad y agua) representan 10.5% del gasto para el área GBA. Si bien
representa un promedio de toda la economía, y no la particularidad de un hogar es
fácil ver que está muy alejado de la realidad de la amplia mayoría. Por ejemplo, para
un gasto total de $10.000 en dicho rubro, el ingreso debería ser de $41.000.
Observaciones similares pueden realizarse en el rubro alimentos. Por el contrario,
esparcimiento resulta en un 18,3%, el segundo rubro en importancia detrás de
alimentos y bebidas.

¿Cómo impactan los ponderadores? Por ejemplo, si en lugar de una incidencia del
gasto en alimentos y bebidas del 26,7%, ésta fuera del 30%, si la incidencia en Vivienda
y servicios básicos (alquiler, gas, luz y agua) de 10,5%, alcanzara el 15%, y si se redujera
el gasto en Recreación y Cultura y en Restaurante y Hoteles, que hoy es del 18,3%, al
10,4%, la inflación de 2017 en lugar de ascender a 25% para Gran Buenos Aires
arrojaría 26,5%.
Este sencillo ejercicio demuestra que los ponderadores (y no sólo la medición de los
precios en sí) resultan claves para medir la inflación de los consumidores.