CEPA: Informe sobre la situación de las universidades

El Centro de Economía Política Argentina, adelantó sus conclusiones sobre un informe sobre las altas casas de estudio.

Entre 2007 y 2015 tuvo lugar la “Tercera Oleada”: se crearon 18 universidades, de las cuales 8 fueron en el conurbano bonaerense, atendiendo a la extensión y densidad poblacional del mismo. Actualmente, existe al menos una universidad pública en cada provincia. Esta política expansiva generó un aumento en la matrícula, y una democratización del acceso a la educación superior. En los quintiles de menores ingresos, aumentaron los/as estudiantes de la universidad pública en una proporción mayor que en los quintiles de mayores ingresos. Entre 2008 y 2015 en el quintil 1 aumentó 47% y en el quintil 2, un 95%, mientras que en el quintil 5 aumentó sólo 21%.
● Esta política de apostar a la creación y masificación de universidades nacionales como estrategia de inserción de sectores vulnerables, de capacitación de fuerza de trabajo para el desarrollo de una industria nacional y un mercado interno dinámico, fue cuestionada por distintos referentes que integran la gestión actual en atención a criterios de eficiencia económica. Sin embargo, recientemente desde el gobierno nacional, a través de sus referentes en educación, ha modificado su estrategia discursiva. De cuestionar el crecimiento de las universidades, pasó a afirmar que estaba haciendo grandes esfuerzos aumentando la inversión en Educación, incluso por encima de la inflación. En este sentido, la crisis presupuestaria de las universidades sería producto de la voracidad de los gremios docentes y las malas administraciones de las distintas casas de estudio.
● Si se considera el salario real de los salarios docentes universitarios entre 2015 y 2017, este tuvo una caída en promedio de 7,5%. Es decir, por cada $100 que cobraban los docentes universitarios en 2015, hoy cobran $92,50 si se descuenta el efecto de la inflación. Tomando como referencia la remuneración de un cargo de dedicación simple titular, sin antigüedad que es de $8.351 según la grilla salarial vigente, esto implica una pérdida de $626,4 mensuales, acumulando desde enero de 2016 a diciembre de 2017 $15.033 por dicho cargo.
● En la paritaria docente universitaria de 2018, las primeras propuestas del Gobierno Nacional ofrecen un 15% de aumento salarial, a efectivizarse en varias cuotas, lo cual implica una reducción del salario real promedio en el presente año. Considerando el escenario de inflación estimado por el Gobierno en los anuncios del día 3 de septiembre, de 42%, el salario real promedio habrá perdido, respecto del promedio de salarios reales de 2017, un 6,8%, mientras que si se considera el poder adquisitivo en diciembre de 2018 en relación a diciembre de 2017 la pérdida alcanzará el 17,3%.
● Si realizamos la estimación de pérdida de poder adquisitivo salarial desde inicios de la actual gestión gubernamental, se observa que se consolida una pérdida promedio del salario real entre 13,9%, teniendo en cuenta la estimación inflacionaria del Gobierno (la pérdida comparando diciembre de 2018 en relación a diciembre de 2015 alcanza el 22,4%). Cabe recordar que en 2016 los salarios cerraron con una pérdida de poder adquisitivo promedio de 8,8% y en el 2017 la recuperación apenas alcanzó a 1,3%. Asimismo, en virtud del comportamiento de los precios durante los últimos dos meses (3,1% de inflación en julio y 3,8% en junio), la estrecha relación que tienen con el dólar y el comportamiento reciente del mismo es muy probable que se verifique una inflación anual del 42% e incluso por encima de ello.
● La evolución del salario promedio en el escenario previsto de inflación y considerando las tres propuestas salariales (15%, 25% y 30%), en todos los casos se consolida una pérdida ubicada entre 10,9% y 13,9%, en el periodo 2015 y 2018.
● El salario real a diciembre de cada año también es significativo, ya que resulta la base para las negociaciones futuras. La evolución del salario en diciembre de cada año bajo el escenario mencionado de inflación y considerando los tres acuerdos paritarios posibles muestra que en todos los casos se produce una pérdida ubicada entre 10,9% y 22,4%, en el periodo 2015 y 2018.
● Los presupuestos de las universidades nacionales son insuficientes para sostener la estructura que tenían al año 2017 si no media un fuerte ajuste salarial o ampliación de las transferencias. La necesidad de ajuste en las 57 universidades nacionales, considerando el escenario de aumento paritario de 15%, alcanza los $351,90 millones, con un incremento de 20% suma unos $1.701,80 millones y con un incremento salarial del 30% alcanza unos $3.051,70 millones. La situación de las nuevas universidades que deben hacer frente a la apertura de nuevos cursos en los años superiores de las carreras y el incremento de la matrícula es aún más compleja, ya que no pueden congelar la estructura de 2017 en términos reales.
● Los salarios explican entre 85% y 90% del gasto del sistema universitario. Es necesario remarcar que el presupuesto 2018 se realizó considerando una inflación del 15% y un dólar promedio de $19. Las trasferencias necesarias para solucionar el conflicto salarial alcanzan a $3.052,70 millones de pesos para todo el sistema si se otorgara un incremento salarial del 30%, es decir, una magnitud en realidad muy menor, si se consideran los montos que maneja el Estado Nacional.
● Las partidas presupuestarias destinadas a infraestructura ejecutadas sufrieron un drástico ajuste nominal del 33% en 2016, sin siquiera contemplar inflación. En el año 2017, vuelven a crecer, pero sin compensar la inflación acumulada. En el periodo 2015/2017 las transferencias, con inflación deflactada, sufrieron un recorte de 17%.
● El recorte se potencia si consideramos las Transferencias de Capital para infraestructura y equipamiento. Estas partidas sufrieron un ajuste promedio de 17% entre 2015 y 2017, lo cual compromete especialmente el funcionamiento de las nuevas universidades que están en una etapa de expansión de su matrícula y de crecimiento de su oferta académica, por lo que resulta imperativo la inversión en nueva infraestructura para dar soporte material a ese crecimiento.