Extinción de dominio para recuperar los bienes del narcotráfico y la corrupción

Informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Esta semana, el Gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia que le va a permitir a la Justicia recuperar más rápido los bienes obtenidos por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de personas.

Esta decisión es parte de la lucha contra las mafias y el crimen organizado que el Gobierno se puso como objetivo desde el primer día y que en estos años logró avances importantes, tanto respecto del narcotráfico y el lavado de dinero como en la prevención y la investigación de la corrupción.

Para diseñar este régimen, se tuvo en cuenta la experiencia positiva de varios países, como Colombia, México, España, Suiza, Estados Unidos y Alemania, entre otros. También se incorporaron ideas de los proyectos que presentaron otros bloques parlamentarios en el Congreso.

Por qué es importante. Para combatir a las bandas criminales no alcanza con condenar a sus líderes. Es necesario también atacar su poder económico, para que no puedan continuar con sus actividades.

La herramienta creada por el decreto (el Régimen de Extinción de Dominio) es otro paso más para que la Justicia pueda, además de condenar a los responsables de un delito, reparar el daño generado a la sociedad.

Cómo era antes. Hasta ahora la justicia ya contaba con instrumentos para recuperar bienes, pero era un trámite lento y que sólo empezaba, en la mayoría de los casos, después de concluido el proceso penal.

Actualmente hay casi 20.000 millones de pesos en proceso de ser recuperados, en causas penales que ya están en proceso. Pero el monto de dinero ilícito que se podría recuperar gracias a la aprobación de este mecanismo es varias veces superior.

Muchos de los bienes en proceso están bajo custodia o son administrados por el Estado, lo que implica esfuerzos y costos que podrían evitarse. Campos, casas, vehículos o hasta obras de arte se podrían subastar y destinar a políticas públicas combate el combate a las adicciones o el fortalecimiento de la justicia.

Qué cambia. Con este esquema estamos creando una nueva fiscalía especial (la Procuración de Extinción de Dominio) que podrá investigar el origen de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas, al mismo tiempo que avanza el respectivo proceso penal. Si sus titulares no pueden justificar el origen de un bien, se podrá avanzar con la extinción.

El dinero recuperado se podrá destinar a financiar políticas de Gobierno o adquirir bienes para mejorar las fuerzas de seguridad y así prevenir otros delitos.

Ahora, la justicia civil podrá ocuparse de recuperar los bienes obtenidos gracias a delitos. Y la justicia penal podrá enfocarse en investigar y probar quiénes son responsables de dichos crímenes.